Conep califica de preocupante resolución del TSA y señala urgencia de una ley de partidos y de una ley electoral

Santo Domingo. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP), manifiesta un alto nivel de preocupación por el curso de los acontecimientos políticos ocurridos en los últimos meses y la dificultad manifiesta de los principales partidos políticos del sistema de apegarse a los procesos institucionales, organizados y democráticos, para la elección de sus representantes de cara a las próximas elecciones.

En el actual proceso electoral resalta la carencia de un orden democrático en los partidos políticos, los cuales apenas han realizado procesos parciales de primarias para elegir unos pocos candidatos.

Aún en estos limitados casos, se han producido conflictos que han impedido definir la mayor parte de los candidatos. Asimismo, se han producido cuestionables actos de violencia que han empañado el curso de lo que debió ser una fiesta democrática.

De igual forma, es alarmante lo que parecería ser una marcada tendencia a la implementación de decisiones contrarias a los lineamientos constitucionalmente establecidos. Un ejemplo de esto es la decisión de recurrir ante el Tribunal Superior Administrativo para apelar la resolución de distribución de los diputados emitida por la Junta Central Electoral de conformidad con el acápite 1 del artículo 81 de la Constitución de la República Dominicana y el censo de 2010.

La Constitución de la República Dominicana, ordena que los 178 diputados y diputadas sean distribuidos en virtud de la densidad de la población, y entiende que estos cambios están relacionados con el incremento poblacional de las provincias receptoras de estas diputaciones y la disminución poblacional de las provincias reducidas. En tal virtud, en estas elecciones deben ser redistribuidos 9 diputados, como lo establece la Junta Central Electoral mediante resolución 06/2015.

La arriesgada decisión de suspender los efectos de esta resolución, por parte de un tribunal de dudosa competencia, para favorecer a intereses particulares, afecta no sólo la seguridad jurídica, sino la constitucionalidad misma de la elección de una cantidad importante de legisladores. Esto puede llevar a que se cuestione la legalidad y constitucionalidad de la integración de la Cámara de Diputados, la validez de los actos que realizan y las legislaciones que dicho órgano pueda aprobar a partir de agosto de 2016.

Advertimos que nuestro objetivo no es otro que el sano propósito de comunicar el pensamiento y sentir de una parte importante de la sociedad dominicana, en especial de sus agentes económicos que apuestan por un sistema de partidos sólido, que sea un canal eficaz para el logro de las aspiraciones e intereses de los diversos sectores de la sociedad, preservando el alto grado de legitimidad requerido para constituirse en el garante de la legalidad de las actuaciones del Estado.

Reafirmamos nuestra convicción de que un sistema de partidos fuerte e institucional constituye uno de los pilares fundamentales para una democracia sólida y perdurable. Es por esto que el CONEP desde hace más de un año ha venido reclamando la pronta aprobación de una nueva Ley Electoral y una Ley de Partidos Políticos, como las sometidas por la Junta Central Electoral, que establezcan claramente las reglas del juego requeridas por el sistema.

Como han demostrado los hechos, se hace necesario establecer un día para la celebración de primarias y que estas sean organizadas por la Junta Central Electoral. La sociedad tiene años reclamando estas medidas y no es sano continuar postergando decisiones fundamentales como esta.

Hacemos un llamado para que se respete lo establecido por el numeral 1 del articulo 81 de la Constitución de la República Dominicana que establece que los 178 diputados de todo el territorio nacional sean distribuidos de conformidad con la densidad poblacional.

CONEP

El CONEP es la principal organización empresarial de la República Dominicana. Como entidad sombrilla incorpora a las principales organizaciones empresariales sectoriales y a las empresas de mayor incidencia en la economía nacional.

Su principal propósito es liderar el fortalecimiento del sistema de libre empresa, participando activamente como agente de cambio y transformación, en la consolidación de la democracia y sus instituciones, para promover el desarrollo económico y social de la nación.