No, hoy prefiero no
escribir, en este resumen semanal, sobre Cataluña, porque, lamentablemente,
nada nuevo, en cuanto a esperanzador, se ha producido bajo este sol. Hoy
quisiera hablar, con cierto optimismo, sobre ese cáncer que ha sido, es, la corrupción.
Y es que a veces me atrevo a preguntarme si no estaremos ante el comienzo de
algo nuevo, inédito en las tres últimas décadas de la vida política española.
Cuando coinciden en el tiempo una denuncia pública nada menos que del fiscal
general del Estado, que airea la falta de medios y de leyes contra una
corrupción que él considera excesiva, y el presidente del Tribunal de Cuentas,
que nos narra que se detectan irregularidades en prácticamente todos los
partidos, algo ocurre en un país. En este caso, en España. Ya no se trata
solamente de lo que va contando el recluso Bárcenas acerca de los manejos en las sedes del PP, ni de la algo
errática instrucción de la juez Alaya sobre lo que va encontrando en los
aledaños de la Junta socialista de Andalucía. Ahora son instituciones tan
respetables como la Fiscalía y el Tribunal de Cuentas, las que señalan que el
nivel de corrupción --¿pasada?-ha sido, es, intolerable. Y, aunque me aseguran
que la coincidencia en esta pública denuncia en sede parlamentaria ha sido
casual, no deja de ser sintomática.
Diputados en el Congreso,
asistentes a la reunión de la comisión constitucional ante la que Ramón
Álvarez de Miranda, presidente del
Tribunal de Cuentas, hizo esta semana unas revelaciones que, en el fondo, no lo
eran tanto, señalando que trece partidos y veinticuatro fundaciones muestran
irregularidades en su financiación, dijeron a quien suscribe que probablemente
se esté abriendo en España un 'macroproceso moral' contra la corrupción
política. Una corrupción que, insisten, es cosa más del pasado que de un
presente en el que no se podrían repetir ni casos como Filesa, ni Gürtel -cinco
años ya lleva de instrucción--, ni Bárcenas, ni ERE...O sí; pero lo cierto es
que ahora los focos se han puesto de manera adecuada e insistente sobre la
financiación de los partidos, la excesiva 'libertad' de los tesoreros de las
formaciones políticas y la impunidad en la que han vivido unas conductas
delictivas que no encuentran excesiva severidad en el Código Penal ni hasta
ahora, en el código moral de la ciudadanía. Y los ciudadanos parecen más
preocupados aún por la corrupción que por lo que está ocurriendo en Cataluña,
por ejemplo, según indican los sondeos.
Y,
así, el Tribunal de Cuentas, que siempre actuó con retraso -cinco años de demora--,
ha venido clamando reiteradamente en el desierto acerca de las extrañas maneras
como los partidos españoles se financiaban: donaciones anónimas y aportaciones
de los ayuntamientos -obviamente, procedentes de recalificaciones y otros
excesos urbanísticos--. Sin que, naturalmente, nadie quisiera oír estos
informes de un Tribunal sin atribuciones ejecutivas y designado de manera poco
independiente. La financiación de los partidos nació de manera irregular,
porque había que financiar muchas campañas, a muchos funcionarios, engrosar
sueldos demasiado escasos de quienes, en principio, se dedicaban al servicio
público, y acabaron, ante la falta generalizada de vigilancia, cuando no por la
complicidad de los jefes máximos de los 'aparatos' partidarios, afanándose en
el beneficio de sus propios bolsillos. Hora es ya de modificar esta situación.
Así, los últimos días han
sido muy reveladores: las comparecencias parlamentarias del indudablemente
idóneo fiscal general, Eduardo Torres-Dulce, y del sin duda adecuado presidente del Tribunal de Cuentas,
Alvarez de Miranda, se han sumado al espectáculo dado ante un tribunal por un
juez que en teoría defiende la depuración de la justicia, el procesado por
presunta prevaricaciónElpidio José Silva, que convirtió su propio juicio en una charlotada
de presunta denuncia de la falta de esta justicia en España. Ciertamente,
hay que convenir que existe una sensación generalizada de que la justicia
española no es igual para todos. Pero la actitud del juez Silva, lanzado a su
propia campaña para lograr un escaño en el Parlamento europeo, contribuye poco
a la mejora de esa justicia de la que se burló precisamente en sede judicial el
pasado miércoles.
Pero
todo apunta a un consenso generalizado, en el propio marco político, en el judicial
y en el social, en pro del fin de las conductas delictivas, irregulares o
antiéticas en el manejo de la vida pública. Por primera vez, el Gobierno de Mariano
Rajoy, que tanto hizo la vista gorda en el pasado,
parece decidido a cortar todo tipo de abusos y vacíos legales, y en ello debe,
y probablemente así será, sentirse secundado por el principal partido de la
oposición y por otras formaciones con representación parlamentaria. No es la
primera vez que un consenso de estas características se delinea en el horizonte
para luego diluirse en la falta de medidas concretas. ¿Será esta una nueva
ocasión perdida? Ya digo: quisiera creer que el viejo sueño, al menos este
viejo sueño, puede hacerse realidad.
- El blog de Fernando
Jáuregui: 'Cenáculos y mentideros'>>
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