Cabarete.- Las asociaciones empresariales
turísticas de esta comunidad y Sosúa solicitaron al Procurador General de la
República que apele la decisión del tribunal colegiado de Puerto Plata que
descargó a Gabriel Mora (Canoa) y a Eddy Morfe de la acusación de malversación
de $189 millones mientras dirigieron la Junta Distrital de Cabarete.
En la audiencia la corte encabezada por las juezas Rosa Francia Liriano, Irina Ventura y Venecia Rojas, falló
en favor de los imputados argumentando que la Procuraduría General de la
República no había presentado pruebas suficientes para declarar culpable a los
imputados.
Los presidentes de la Asociación para el Desarrollo de
Cabarete (ADECA), Michel Gay-Crossier; de la Asociación de Hoteles de Sosúa y
Cabarete (ASHORESOCA), Tomas Callender; y de la Asociación para el Desarrollo
Sostenible de Sosúa, Andrés Gustavo Pastoriza,
pidieron además, que el proceso de apelación sea llevado a una corte
fuera de Puerto Plata, "donde los jueces históricamente han actuado de manera
benevolente con el ex director municipal de Cabarete".
La declaración señala que durante todo el proceso fue
evidente el trato complaciente, tanto en el juicio preliminar como en el de
fondo, con la aceptación de reenvíos provocados por excusas sin fundamento,
desde la declaración de insolvencia de Canoa que canceló sus abogados por no
tener recursos para pagarlos, pasando por los certificados de enfermedad que
Canoa y Morfe presentaron en turnos sucesivos, hasta el último reenvío por el
alegato del abogado de Canoa de que le dolía la cabeza.
Además, explican, ha creado dudas e incertidumbre el que
desde junio pasado los defensores y amigos de Canoa y Morfe aseguraban en
público que el descargo de ambos imputados estaba "arreglado" y quedarían
libres por insuficiencias de prueba y fallas graves en la acusación.
Pastoriza, Gay-Crossier y Callender señalan al
Procurador, Francisco Domínguez Brito, que aceptar tal decisión y no apelar
sacando el proceso de Puerto Plata, sería una señal negativa, y dar la razón a
quienes afirman que en República Dominicana es inútil enfrentar la corrupción y
la malversación de los recursos
públicos.
Historial de querellas
La
acusación contra Canoa y Morfe fue firmada por el procurador general Francisco
Dominguez Brito y presentada en febrero del 2013, pero el proceso ha sido
llevado lentamente, como todos los casos en que Canoa ha sido sometido a los
tribunales desde el 2008 cuando fue arrestado por causar graves daños a la
Laguna de Cabarete (área protegida) delito en el que fue sorprendido por las
autoridades.
Canoa,
además, enfrenta varios procesos y querellas de carácter penal, por ataque a
tiros contra un taxista, por la venta de un solar propiedad del Ministerio de
Medio Ambiente, por emitir
irregularmente y cobrar cheques hechos a nombre de la actual directora municipal
de Cabarete Raquel Sierra cuando era vicedirectora, por falsificar el libro de
actas del Distrito Municipal y por emitir irregularmente y cobrar chetes hechos
a nombre de Iván Francisco de la Cruz.
La
audiencia preliminar por la querella del Procurador General fue reenviada en 4
ocasiones . El 21 de mayo del 2013 Morfe presentó un certificado médico; el 5
de julio Canoa declaró que no tenía dinero para pagar su abogado a pesar de que
antes había presentado una declaración al tribunal con propiedades millonarias
para evadir medidas de coerción, el 23 de agosto su abogado alegó que no había
sido notificado regularmente y el 08 de octubre Canoa se declaró interno en la
Clínica Brugal.
La
voz cantante en la denuncia contra Canoa y Morfe y la corrupción en la Junta
Distrital de Cabarete la ha llevado la Asociación para el Desarrollo de
Cabarete (ADECA), que sólo ha recibido apoyo público de la Asociación de
Hoteles y Turismo de la República Dominicana (ASONAHORES) en dos oportunidades.
Las auditorias
La
primera auditoria de la Cámara de Cuenta se publicó en el 2005 y ADECA y sus
dirigentes han iniciado varios procesos contra Canoa pero sin que estos avancen
en los tribunales de Puerto Plata. La segunda auditoría se hizo para el período
2004-2010 y encontró uso ilegal de $112
millones. La Procuraduría General profundizó la investigación y presentó una
querella por US$189 millones.
La Procuraduría lo
acusa de ser autor de los crímenes de prevaricación, desfalco y asociación de
malhechores, previstos por los artículos 166, 167, 169, 170, 171, 172, 265 y
266 del Código Penal Dominicano, Ley No. 176-07 sobre Organización municipal y
la Constitución de la República Dominicana.
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