El Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional ratificó la medida de coerción impuesta contra Emmanuel Rivera Ledesma y demás imputados de la operación Nido, informó este martes la Procuraduría General de la República (PGR) en un comunicado.
Santo Domingo.- El principal imputado, Emmanuel Rivera Ledesma, señalado por el Ministerio Público como el cabecilla de una red que estafó a decenas de personas con proyectos inmobiliarios, cumple 18 meses de prisión preventiva, al igual que Emmanuel Eduardo Rivera Pichardo, Mirna Catalina Rivera Ledesma y Juan Omar Rosario López.
Asimismo, cumple arresto domiciliario e impedimento de salida Reilin Arismendy Rosario García.
En tanto, María Gabriela Rivera Pichardo y a Escarlet Mercedes Cruz Figueroa, deben presentarse cada mes ante la Fiscalía y pagaron una garantía económica de 5 millones de pesos a través de una compañía aseguradora, usar localizador electrónico (grillete) e impedimento de salida del país.
El Ministerio Público recordó que el pasado 3 de enero el órgano acusador puso en marcha la operación Nido, con la cual quedó desmantelada una red que supuestamente estafó con más de 700 millones de pesos a personas a las que ofertaba viviendas en supuestos proyectos inmobiliarios, a través de múltiples maniobras fraudulentas.
En el despliegue de la operación Nido, el Ministerio Público y la Policía Nacional realizaron 25 allanamientos en San Cristóbal, Dajabón, Espaillat, Sánchez Ramírez y el Distrito Nacional.
La investigación realizada por el Ministerio Público arrojó que la presunta red criminal utilizó las empresas Indisarq, CRD Equipos Pesados, Grupo Wimar, y Auto Xperts AFM, a través de las cuales crearon un esquema inmobiliario fraudulento para la ejecución de estafas, falsificación, asociación de malhechores y lavado de activos en perjuicio de las víctimas a las que ofertaban viviendas a través de siete proyectos inmobiliarios.
Durante la investigación se ocuparon evidencias que demuestran que el imputado Emmanuel Rivera Ledesma utilizaba nombres de personas reconocidas para hacer creer a las víctimas que estaba protegido por personalidades a quienes realmente ni siquiera conoce. Por igual, se recabaron evidencias de la ostentosa vida que llevaban varios miembros de la red con el dinero obtenido de las víctimas.
A raíz de la investigación, el imputado Rivera Ledesma inició una serie de maniobras con el objetivo de que las víctimas no se querellarán en su contra o retiraran las querellas ya presentadas.
También, buscó que las víctimas le firmaran nuevos contratos e hicieran otras acciones tendentes a obstruir el proceso de investigación, lo que evidencia que el imputado y otros miembros de la red deben cumplir una medida de coerción que les impida destruir evidencias y ser una amenaza clara para las personas estafadas.
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