EFE | Lunes 09 de septiembre de 2013
Para la expresidenta y candidata presidencial actual,
Michelle Bachelet, el golpe de Estado de 1973 solo es responsabilidad de
quienes lo ejecutaron y justificaron. El actual presidente, Sebastián
Piñera, piensa que existen responsabilidades compartidas entre quienes dieron
el golpe y quienes fueron afectados, aunque sin ser equivalentes dichas
responsabilidades. Piñera aseguró que en el Gobierno de Salvador Allende hubo
un "resquebrajamiento de la democracia y las malas
políticas públicas fueron generando un creciente caos político, económico y
social".
El
Gobierno de Chile y la oposición conmemoraron hoy de forma separada el 40
aniversario del golpe de Estado de Augusto Pinochet, unidos por la petición de
verdad y justicia pero divididos sobre la responsabilidad que cada bloque tuvo
en las circunstancias previas a la asonada.
El presidente Sebastián Piñera
encabezó un acto en el Palacio de La Moneda y la exmandataria y candidata
presidencial Michelle Bachelet otro que empezó dos horas antes en el Museo de
la Memoria y los Derechos Humanos.
Ambos señalaron que las violaciones a los
derechos humanos son injustificables, pero mientras Bachelet reclamó que el
golpe solo es responsabilidad de quienes lo cometieron y lo justificaron,
Piñera consideró que existen responsabilidades compartidas, aunque no
equivalentes.
Ellos fueron los únicos oradores en estos actos celebrados dos
días antes del aniversario del golpe del 11 de septiembre de 1973 contra el
presidente Salvador Allende y poco más de dos meses antes de las elecciones del
próximo 17 de noviembre. La oposición de centroizquierda declinó la invitación
del Gobierno, el primero de derecha que gobierna el país después de la
dictadura (1973-1990) y celebró su propio encuentro.
Con
Allende se "quebrantó la legalidad y el Estado de derecho", afirma Piñera
Ante
integrantes de los partidos oficialistas, en los que hay sectores que
estuvieron junto a Pinochet y aún lo defienden, Piñera señaló que el Gobierno
del socialista Allende (1970-1973) "quebrantó la legalidad y el Estado de
derecho". Según dijo, en ese periodo "el resquebrajamiento de la
democracia y las malas políticas públicas fueron generando un creciente caos
político, económico y social".
"Ello no significa, por supuesto, que
todas las responsabilidades sean equivalentes, pero sí que fueron mucho más
compartidas de lo que algunos todavía sostienen", afirmó. "Algunos
quisieran creer que toda la responsabilidad recae en quienes cometieron u
ordenaron cometer las violaciones a los derechos humanos", señaló el
presidente, que consideró que "también tienen responsabilidad aquellos que
no respetaron el Estado de derecho y promovieron la intolerancia, el odio y la
violencia".
"Para dar continuidad y
respaldo a la democracia se requería más democracia, no un golpe de Estado",
explicó Michelle Bachelet
Por su parte, Bachelet, favorita a las elecciones
de noviembre como candidata de un conglomerado que reúne desde la Democracia
Cristiana hasta el Partido Comunista, reconoció que es "justo hablar de la
agudización del conflicto social" durante el Gobierno de la Unidad
Popular. "Lo que no es justo es hablar del golpe de Estado como un destino
fatal e inevitable. No es justo afirmar que hubiera una guerra civil en
ciernes, porque para dar continuidad y respaldo a la democracia se requería más
democracia, no un golpe de Estado", recalcó ante integrantes del pacto
electoral Nueva Mayoría.
"Las responsabilidades de la implantación de la
dictadura, los crímenes cometidos por agentes del Estado, la violación de los
derechos humanos no son justificables, no son inevitables, y son
responsabilidad de quienes los cometieron y los justificaron", subrayó.
Piñera reconoce hechos, errores y
responsabilidades, pero sin mencionar la palabra "dictadura"
El presidente,
que en este acto no habló de "dictadura", coincidió en que no hay
justificación para las violaciones de los derechos humanos, que dejaron 38.000
víctimas de prisión política o tortura y más de 3.000 fallecidos, de los que
unos 1.200 siguen desaparecidos.
"Ninguno de los hechos, causas, errores o
responsabilidades que condujeron al quiebre de nuestra democracia justifican
los inaceptables atropellos a la vida y la integridad de las personas",
apuntó Piñera, que votó por el "no" a la continuidad de Pinochet en
el plebiscito de 1988.
En tanto, Bachelet, que fue torturada y cuyo padre, un
general leal al presidente Allende, falleció por los apremios que le
infligieron sus compañeros de armas, advirtió además de que sin verdad y
justicia no habrá reconciliación en el país. "La verdad, porque tenemos
necesidad de conocer lo que vivieron las víctimas y qué pasó con ellos (...). Y
la justicia, porque allí donde la justicia se niega, la impunidad ocupa su
espacio ahondando las fracturas de un pueblo", subrayó.
Piñera, por su
parte, señaló que se debe hacer lo necesario para aliviar "el dolor y
sufrimiento" de quienes aún desconocen el paradero de sus familiares
"avanzando en la verdad, justicia, reparación y reconciliación", y
apuntó que "quienes tengan información relevante, tienen la obligación
moral de entregarla".
Sin embargo, pocos son los exuniformados que han
colaborado con la justicia, mientras el tiempo pasa para todos. Los tribunales
tramitan hoy 1.250 procesos, por los cuales han sido juzgados 911 exagentes, de
los que 263 han recibido sentencia condenatoria definitiva -solo 66 cumplen
pena efectiva- y el resto espera aún el resultado del juicio.
Bachelet se
medirá en noviembre a la candidata oficialista Evelyn Matthei, hija de un
general que integró la Junta Militar. Matthei afirmó hoy que "las
violaciones a los derechos humanos no son aceptables nunca".
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