Las autorizaciones de ventas de armas en España aumentaron un 150% según varias ONGs

Las ONGs denuncian que las ventas se realizaron en un contexto de "clara tensión" entre las limitaciones que establece la Ley sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso, y la voluntad del Gobierno de incrementar las ventas al exterior.

Las autorizaciones de ventas de armas españolas superaron los 8.000 millones de euros en 2012, un 150 por ciento más que el año anterior, según un informe de las organizaciones Amnistía Internacional, FundiPau, Greenpeace e Intermón Oxfam, que alerta sobre operaciones "preocupantes" con al menos diez países.

Estas organizaciones han presentado hoy el informe "La crisis económica no afecta a las exportaciones de armas españolas", en el que se analizan los datos de autorizaciones y exportación de armas, que no coinciden con el informe anual dado a conocer el pasado 5 de junio en el Congreso por el secretario de Estado de Comercio, Jaime García-Legaz. Según las ONGs, las ventas de armas españolas cayeron en un 13,6 por ciento respecto al año anterior y las exportaciones ascendieron en 2012 a más de 2.200 millones de euros.

El informe oficial de Comercio señala que España exportó armamento el pasado año por un valor de 1.953,5 millones de euros, un 19,6 por ciento menos que en 2011, y concreta que las exportaciones realizadas supusieron un 25,4 por ciento de lo autorizado, que ascendió a 7.694,5 millones de euros. En este sentido lamentan que "el objetivo del Ejecutivo, expresado de forma explícita por su titular de Defensa, Pedro Morenés, es apoyar la industria armamentística para exportar más armas".

Las ONGs expresan su preocupación ante el posible levantamiento parcial del embargo europeo de la venta de armas a Siria y piden a España asegurar que cualquier transferencia cumple con los criterios del artículo 8 de la Ley española y los del Tratado sobre Comercio de Armas que firmó en Nueva York el 3 de junio. Advierten de "ventas preocupantes", entre ellas a países como Francia, implicado en la ofensiva militar en Mali, y las realizadas en el norte de África y Oriente Próximo.

También apuntan que los materiales destinados a Bahrein, Egipto y Arabia Saudí corren el riesgo de ser usados para cometer violaciones de los derechos humanos. Otro asunto que preocupa a las ONGs es la posible venta de 250 carros de combate Leopard a Arabia Saudí, a lo que hay que sumar los más de 21 millones de euros en armamento y municiones enviados a este país en 2012.

"Nos preocupa que con esta política del Gobierno se relajen los controles", señala María del Pozo, de Amnistía Internacional, mientras Mario Rodríguez, director de Greenpeace, afirma que "la industria militar española está sufriendo una caída de ventas en el mercado nacional debido a los recortes del Gobierno en nuevas compras".

"La deuda histórica acumulada por el Gobierno con varias empresas españolas de material de defensa es la causa principal de esta disminución en las adquisiciones", añade Jordi Armadans, director de FundiPau. Para Francisco Yermo, de Intermón Oxfam. "dar prioridad a las ventas a cualquier precio incrementa el riesgo de que se relajen los criterios de control de las exportaciones".