Viernes 31 de mayo de 2013
Durante su intervención ante el
Consejo de Derechos Humanos de la ONU, François Crépeau lamentó que en la
legislación de la UE la inmigración irregular sea contemplada "como un
problema de seguridad que debe frenarse. Esto es totalmente contrario a una
visión de los derechos humanos, dado que no percibe a los inmigrantes como
individuos con iguales derechos".
El relator especial de las Naciones Unidas sobre los derechos humanos de los migrantes,
François Crépeau, criticó hoy que la Unión
Europea (UE) trate el tema de la
inmigración como un "problema de seguridad", en lugar de afrontarlo
desde la perspectiva de los derechos humanos.
El relator ha elaborado un informe sobre la gestión
de las fronteras externas de la UE y su impacto en los derechos humanos de los
inmigrantes. Crépeau ha invertido un año en estudiar el tema y en ese tiempo,
además de investigar la legislación europea, ha viajado a Grecia, Italia, Túnez
y Turquía.
Explicó el relator de la ONU que se ha centrado en
el estudio de las fronteras externas porque "es donde tienen lugar los peores abusos, incluidas las muertes
acaecidas en el intento de alcanzar la UE". Lamentó que las inversiones
realizadas en el "aparato de seguridad" no se correspondan con
desembolsos similares en la protección de los derechos de los inmigrantes.
"A pesar de que la directiva europea estipula
que la detención con fines de retorno forzado sólo debería ser una medida de
última instancia, he observado que el discurso de dar seguridad a las fronteras
ha convertido la detención de inmigrantes irregulares en una herramienta
legítima, a pesar de que no hay ninguna evidencia de que la detención tenga un
efecto disuasorio", añadió.
Denunció que ha
"presenciado repetidamente" procesos inadecuados de arresto, sin
"respeto de la ley ni de las garantías procesales y la detención de
niños". Crépeau criticó que, a pesar de que los retornos se lleven a
cabo bajo acuerdos de readmisión, se realizan sin cumplir con las garantías
necesarias.
Por otra parte, criticó la política de
"externalizar" el control fronterizo, al transferir la
responsabilidad del control del flujo migratorio a terceros países, lo que
"no se ha realizado con las necesarias garantías de respeto a los derechos
humanos".
Finalmente, el
relator sugirió que, dado el incesante flujo de inmigrantes ilegales hacia
Europa y la constatada necesidad de mano de obra poco cualificada, sería más
inteligente por parte de la UE ampliar los contingentes de inmigración regular.
A
su juicio, "la apertura de más canales de inmigración regular, incluidos
trabajadores poco cualificados, reflejaría las necesidades reales de trabajo de
la UE y llevaría a menos entradas irregulares, menos contrabando de inmigrantes
y menos explotación".
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