Santo Domingo.- Hoyo de Friusa nació en los años 80 como un asentamiento espontáneo, impulsado por el boom turístico que convirtió esta área en el hogar de obreros de la construcción, jardineros y empleados de los hoteles. La migración haitiana, lejos de ser una "invasión", fue una respuesta a la creciente demanda de mano de obra barata, un factor clave para el desarrollo económico de la región. Actualmente, se estima que el barrio alberga entre 10,000 y 20,000 habitantes, de los cuales el 60% son dominicanos y el 40% haitianos.
A pesar de ser un pilar fundamental para la industria turística de la zona, Hoyo de Friusa sigue enfrentando serias carencias en infraestructura y servicios básicos. El 72% de su población trabaja en la informalidad y la comunidad cuenta solo con una escuela pública y un centro de salud sobresaturado.
El barrio ha sido objeto de desinformación por parte de algunos grupos, como la Antigua Orden Dominicana, y de personalidades mediáticas como Alofoke, quienes han fomentado una narrativa sensacionalista sobre la inseguridad en el área. Estos actores han retratado a Hoyo de Friusa como un "territorio sin ley", alimentando el miedo y la hostilidad hacia sus habitantes.
Sin embargo, los datos reales contradicen esta narrativa. La tasa de homicidios en Hoyo de Friusa es de apenas 8 por cada 100,000 habitantes, comparado con los 22 homicidios por cada 100,000 habitantes en San Pedro de Macorís. Además, la zona cuenta con presencia policial, fiscales y operativos semanales de Migración, lo que desmiente la idea de un "vacío de autoridad".
El 30 de marzo pasado, la Antigua Orden Dominicana organizó una marcha en protesta contra lo que consideran un "descontrol migratorio" en el país. La movilización, que en su mayoría transcurrió de manera pacífica, terminó en enfrentamientos con la policía cuando algunos manifestantes intentaron desviarse hacia sectores no autorizados, como Mata Mosquitos, una zona predominantemente haitiana. A pesar de los intentos de provocación por parte de infiltrados, la protesta no desembocó en incidentes graves, gracias a la intervención de las autoridades. Angelo Vásquez, presidente de la organización convocante, denunció que personas ajenas al movimiento intentaron generar caos y desestabilizar la protesta.
A pesar de las tensiones y la polarización, algunos residentes de Hoyo de Friusa siguen alzando la voz para defender su comunidad. Ana Belén, una maestra dominicana que trabaja en el barrio, subraya: "Mis alumnos haitianos conocen el himno nacional mejor que muchos dominicanos. ¿Dónde está la invasión?". Por su parte, Jean-Baptiste, un albañil haitiano que ha trabajado en la construcción de varios hoteles en la zona, comenta: "He construido medio Punta Cana. Ahora me dicen que 'sobro' en el país que ayudé a levantar".
Sargento Díaz, un policía que prefirió mantener su anonimato, también interviene: "Aquí no hay guerra étnica. Lo que hay es pobreza, y eso no se resuelve con marchas contra la inmigración".
Hoyo de Friusa no solo refleja los problemas migratorios del país, sino también la profunda desigualdad social y económica. La marcha del 30 de marzo no resolvió las necesidades más urgentes del barrio: agua potable, empleo digno y una mejor infraestructura. Los verdaderos beneficiarios de este tipo de protestas son aquellos que, lejos de ofrecer soluciones reales, lucran con la división y el odio.
Recientemente el presidente Abinader presentó un conjunto de medidas para abordar la migración irregular y mejorar la seguridad fronteriza en la República Dominicana. Estas son las principales:
Ampliación de brigadas fronterizas con 1,500 soldados adicionales.
Construcción del muro fronterizo, extendiendo 13 km más a los 54 km ya construidos.
Reforma migratoria con sanciones más severas para quienes faciliten la entrada de inmigrantes indocumentados o trafiquen personas.
Incorporación de 750 nuevos agentes migratorios y expansión de oficinas de control en provincias.
Modificación de reglamento de mercados para evitar que sean usados para migración irregular.
Propuesta de creación de la Procuraduría Especializada en Asuntos Migratorios.
Colaboración con gobiernos locales para mejorar repatriaciones.
Creación de un Observatorio Ciudadano para supervisar la política migratoria.
Protocolo sanitario que exige identificación, carta de trabajo y prueba domiciliaria para acceder a servicios de salud, con repatriación posterior si no se cumplen estos requisitos.
Revisión de la normativa migratoria dada la situación en Haití.
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