Donald Trump intensificó sus ataques contra Kilmar Ábrego García, un salvadoreño deportado por error, insistiendo en que es un "extranjero ilegal" y miembro de MS-13, a pesar de la falta de pruebas judiciales. El senador Chris Van Hollen critica al Gobierno por violar derechos y no facilitar su retorno a EE.UU.
Nueva York.- El presidente estadounidense, Donald Trump, redobló su ataque contra Kilmar Ábrego García, el salvadoreño residente en EE.UU. expulsado por error, citando una investigación no concluyente sobre el hombre y un caso de asesinato ajeno a él.
En declaraciones a la prensa en el Despacho Oval, a Trump le preguntaron por la reunión de ayer en El Salvador del senador demócrata Chris Van Hollen con Ábrego García, a quien expulsaron de EE.UU. el 15 de marzo a pesar de tener estatus legal y enviaron a una prisión de máxima seguridad.
Las autoridades migratorias estadounidenses han admitido haber deportado por error a Ábrego García, residente en Maryland, casado con una estadounidense y al que un juez había prohibido devolver a su país.
Trump insistió hoy en que el hombre era un «extranjero ilegal» y miembro de la pandilla MS-13, tras lo que la portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, le entregó un folio con su supuesto historial criminal, que el presidente afirmó venía «del Departamento de Estado y fuentes muy legítimas».
Trump lee un documento sobre el salvadoreño
«Les estoy dando lo que me acaban de añadir. Se supone que esto son cosas certificadas: en 2019 a García le dieron una orden de deportación, y dos jueces afirmaron que García era miembro de la MS-13», dijo, si bien su pertenencia a la pandilla no ha sido certificada por ningún tribunal.
También aludió a denuncia por violencia de género en 2021 de su esposa, Jennifer Vasquez Sura, que ha abogado por su retorno, y que este pasado miércoles dijo que actuó «por cautela» tras una relación anterior violenta y que lo superaron «como familia, incluyendo ir a terapia».
Y, sin establecer un hilo en sus declaraciones, Trump pasó a hablar, como ya hizo esta semana, de Rachel Morin, una mujer asesinada por un un migrante salvadoreño en 2023.
El Gobierno también lo califica de «sospechoso de trata»
Tras las declaraciones de Trump, el Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. (DHS, en inglés) publicó un «informe investigativo» sobre Ábrego García que lo tilda de «sospechoso de trata».
Esas sospechas parten de una retención de tráfico en 2022, en la que lo hallaron en su vehículo con ocho personas a las que supuestamente trasladaba desde Texas sin equipaje para un «trabajo de construcción»; no obstante, solo recibió una citación de aviso por conducir con una licencia expirada.
En ese mismo informe, el DHS dice que en 2019, la unidad de pandillas de la Policía del condado de Prince Georges (Maryland) lo «validó» como miembro de la MS-13 porque una «fuente» lo identificó como tal.
Ese año, autoridades migratorias lo detuvieron después de que un informante anónimo lo vinculara con la MS-13. Él presentó una petición de asilo y protección contra la deportación, y esta última la aprobó el juez.
El jueves, un tribunal de apelaciones rechazó el intento del Gobierno de EE.UU. de frenar el retorno de Ábrego García, y previamente el Supremo ha respaldado un fallo judicial para que este «facilite» su vuelta.
Trasladan a Ábrego García a otra cárcel de El Salvador
Por otro lado, Kilmar Ábrego García fue trasladado a otra cárcel en El Salvador después de haber pasado varias semanas detenido en la prisión de máxima seguridad conocida como Cecot.
Así lo detallo el senador estadounidense Chris Van Hollen, quien viajó esta semana a El Salvador para pedir al Gobierno de Nayib Bukele que libere a Ábrego, residente hace más de una década en Maryland, el estado que representa el legislador.
Van Hollen logró reunirse con Ábrego el jueves en San Salvador y dio este viernes una conferencia de prensa donde relató detalles de su conversación y acusó al Gobierno Trump de estar mintiendo sobre el caso del salvadoreño y violando la Constitución.
El senador informó que a García lo trasladaron hace «nueve días» a otra cárcel en Santa Anta, al oeste del país, pero que sigue sin poder comunicarse con el exterior y está «traumatizado» tras su experiencia en la megacárcel, notoria por las denuncias de abusos a los derechos humanos.
«(Ábrego) se siente muy triste de estar detenido, porque no ha cometido ningún crimen», relató Van Hollen y agregó que las autoridades salvadoreñas no le han dado al migrante de 29 años una explicación de por qué esta detenido.
Las explicaciones del Gobierno salvadoreño
El vicepresidente salvadoreño, Félix Ulloa, con quien Van Hollen también se reunió, le dijo al legislador que Ábrego estaba encarcelado porque Trump «está pagando» para mantenerlo detenido.
Ábrego no ha podido hablar con su esposa o sus hijos, todos ciudadanos estadounidenses, y le dijo a Van Hollen que pensar en su familia es lo que le da «fuerza» para seguir «cada día».
El senador criticó directamente al Gobierno Trump, acusándolo de ignorar a la Corte Suprema, que en un fallo la semana pasada ordenó que se «facilitara» el retorno de Ábrego.
«Este caso no es solo sobre un hombre (…) sino sobre la protección de las libertades fundamentales y la Constitución», indicó Van Hollen.
Ábrego García, quien residía en el estado de Maryland, huyó de El Salvador por las extorsiones y amenazas que él y su familia recibieron por parte de la pandilla Barrio 18, de acuerdo con documentos judiciales presentados por su defensa.
El salvadoreño Ábrego es uno de los más de 200 migrantes -en su mayoría venezolanos- expulsados de EE.UU. y enviados a la prisión de alta seguridad sin posibilidad de apelar sus casos ante una corte, en lo que grupos en defensa de los derechos humanos calificaron como «desaparición forzada».
La expulsión de migrantes a El Salvador
El Gobierno del presidente Donald Trump ha defendido las expulsiones acusando a los migrantes de tener vínculos con las pandillas Tren de Aragua y MS-13, calificadas recientemente por Washington como grupos terroristas.
Sin embargo, múltiples investigaciones de medios estadounidenses han demostrado que la mayoría de los migrantes expulsados a El Salvador no tienen antecedentes penales.
A pesar de que el Supremo de EE.UU. emitiera la semana pasada un fallo respaldando la orden de un tribunal de menor instancia en Maryland que instruye al Gobierno a «facilitar» el retorno del salvadoreño, tanto EE.UU. como El Salvador han negado tener la potestad para hacerlo.
El Gobierno de EE.UU. llegó a un acuerdo con Bukele para enviar a migrantes detenidos en EE.UU. hacia el Cecot, una prisión notoria por las denuncias de abusos a derechos humanos.
Como parte del trato, del que no se conocen detalles específicos, Washington pagará a El Salvador 6 millones de dólares anuales para sostener el sistema carcelario.
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