Santo Domingo.- Manifestó que
la oposición a estas plantas es a causa de que utilizarán carbón mineral como
combustible sin importar el tipo de régimen de propiedad de este proyecto.
Consideró que
el planteamiento que formuló recientemente el Consejo Nacional de la Empresa
Privada (CONEP) de que el Estado traspase
al sector privado las plantas de carbón, no revierte ni debilita la oposición a
que se utilice carbón mineral en estas instalaciones.
Por el
contrario, advirtió que la construcción de estas plantas conllevará demandas
penales por ser un proyecto ilícito y por los daños que producirá en la
población, las cuales serán dirigidas también contra el sector privado en caso
de que éste figure como propietario de esta termoeléctrica.
El dirigente
político acusó a las plantas de carbón junto a la construcción de la avenida de
circunvalación por la parte sur de Baní, de causar en el futuro la ruina de la
provincia Peravia.
Explicó que
las plantas de carbón afectarán gravemente la salud de la población y
contaminarán los cultivos que actualmente están certificados bajo la
denominación de frutas silvestres como el mango, mientras que la avenida de
circunvalación, si se construye por la parte sur, ocupará e inhabilitará los
suelos más productivos de esta provincia.
Señaló que el
gobierno actúa para atrás, como el cangrejo, al recurrir al carbón mineral que es
el fósil más contaminante, cuando todo el mundo, especialmente América Latina,
se dirige a generar energía a partir de fuentes renovables y limpias que
abundan en el país como son el sol, el aire y el agua.
Acusó al
gobierno de carecer de sensibilidad ambiental por lo que no se percata de la
situación crítica que vive el planeta y en particular el país a causa del cambio climático.
El profesor
Milton Martínez, miembro de la Comisión Ambiental de la Universidad Autónoma de
Santo Domingo (UASD) y dirigente de Alianza País, en su ponencia en el panel, se
preguntó cuál es la prioridad del gobierno del presidente Danilo Medina, porque
mientras en la provincia Peravia auspicia un proyecto turístico ecológico a la
misma vez construye dos plantas de carbón que harán imposible este proyecto por
la gran contaminación que producirá en su entorno.
Planteó
que Alianza País se opone a la
construcción de estas plantas de carbón tanto por la gran contaminación que
producirán como por ser un mecanismo corrupto de acumulación a favor de
funcionarios gubernamentales y del grupo empresarial asociado a éstos.
Puso de
relieve que para contrarrestar los 8 millones de toneladas de dióxido de
carbono que emitirán estas plantas a la atmósfera cada año que es uno de los
principales gases de efecto invernadero causante del cambio climático, se
necesitarían sembrar el equivalente de 380 millones de árboles, lo que es
materialmente imposible.
Por su parte,
el profesor Fernando Peña, director del Observatorio de Políticas Públicas de
la UASD (OPP), quien también fue uno de los participantes del panel celebrado
en la mañana de hoy en el Centro Cultural Perelló de Baní, aseguró que el costo
final de la construcción de las plantas de Punta Catalina será de alrededor de
3 mil millones de dólares.
Además de la
sobrevaluación en alrededor de mil millones de dólares que se ha denunciado, la
empresa constructora está aumentando los costos amparada en una cláusula del
contrato que establece el escalamiento de los costos originales.
Apuntó que el
proyecto de las plantas de Punta Catalina es parte de los procesos judiciales
en Brasil en contra de la corrupción gubernamental en ese país.
Se declaró
contrario de que el proyecto de Punta Catalina forme parte del Pacto Eléctrico
y que éste sirva para blindarlo como lo declaró el vicepresidente de la
Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez
Bichara.
"Las plantas
de Punta Catalina son un problema nacional, de todos los dominicanos, por su
ausencia de transparencia y por el gran costo de todo tipo que pagará el país
por este proyecto", dijo.
También
participaron en el panel, el director ejecutivo del Instituto de Abogados para
la Protección del Medio Ambiente (ISAPROMA), Euren Cuevas, y el director
ejecutivo de la Asamblea Nacional Ambiental (ANA), Domingo Abreu.
El panel fue
organizado por el Comité de Defensa de la Salud, el Medio Ambiente y la
Producción Agropecuaria de la Provincia Peravia, entidad integrante del Comité
Nacional de Lucha Contra el Cambio Climático (CNLCC).