Santo Domingo.- Expresó la
organización política que el gobierno y el país deben tomar con toda la
seriedad que amerita el grave anuncio hecho por el presidente de Barrick Gold
en el país, Manuel Rocha, hace algunos días de que en este año el aporte fiscal
de la empresa se reducirá en cien millones de dólares como consecuencia del
descenso del precio del oro a nivel mundial.
Señala la APD
que desde el año 2013, cuando se rediscutió el contrato entre el gobierno y la
transnacional canadiense, advirtió que el mercado del oro había ingresado en un
período depresivo, por lo que se debían tomar medidas que fueran más allá de
las meramente fiscalistas.
Esta tendencia
a la baja ha sido confirmada por años de precios cada vez más deprimidos, y
ahora por el máximo representante de la empresa en el país, dijo el partido
político.
Consideró que
la tendencia hacia la baja es tan acentuada que puede preverse que en los
próximos tres años el precio de la onza de oro descienda a los mil dólares o
menos, lo que conllevaría la suspensión de las operaciones de Barrick en el
país.
A juicio de la
APD fue un error del gobierno haber aceptado el precio de US$1,400 la onza como
precio de referencia del oro en la renegociación del contrato con Barrick,
cuando en realidad el precio promedio ha estado por debajo de los US$1,200 en
los últimos años. La fijación de ese alto precio de referencia se hizo con el
propósito de crear expectativas de que se obtendrían más recursos de los que
terminará recibiendo el país por la explotación de este metal, adujo.
Precisó la
Alianza por la Democracia que a pesar de que el agua es un insumo
imprescindible para el procesamiento de los sulfuros que es la materia prima de
donde se extraen el oro, la plata y otros metales en la mina de Pueblo Viejo, y
de que esta es utilizada en gran cantidad, el Estado dominicano no recibe un
solo centavo de Barrick por este valioso elemento para la vida humana.
En ninguna
parte del mundo se le regala el agua a la minería ni a ninguna actividad
productiva, sino que por el contrario se cobra por ella en relación a la
cantidad y al papel que juega en el proceso de producción.
Explicó que en
estos momentos el precio del agua sería aún mayor por su gran escasez dada la
gran sequía que ha vivido el país en los últimos años y la gran demanda que
este líquido posee para otros usos más prioritarios que la minería desde el
punto de vista de las necesidades alimentarias y de consumo directo por parte
de la población.
Por otra
parte, la APD reiteró su propuesta de que se asegure la refundición del doré en
el país. La creación de esta refinería, como lo propuso en su momento Juan
Bosch, permitiría agregarle valor al oro de Pueblo Viejo, lo que se traduciría
en un mayor precio. La empresa podría a la vez refinar oro procedente de otros
lugares del mundo aumentando los ingresos por este concepto, agregó.
Aclaró que
esta planta de refinamiento debe ser instalada por Barrick en sociedad con el
Estado dominicano, y que al término de un plazo acordado entre las partes ella
pasaría a ser propiedad exclusiva del país.
La Alianza Por
la Democracia (APD) también propuso que se cree un fondo con una parte de los
recursos que se obtienen del oro, a los fines de que estos sirvan de reserva
para cuando se agote la mina de Pueblo Viejo, o en caso de que se suspenda su
explotación por baja de precio en el mercado internacional.
Sugirió que
los restantes ingresos por el oro de Pueblo Viejo se dediquen exclusivamente
para el desarrollo nacional y el de la franja oriental del Cibao Sur, que es
donde se extrae este mineral y donde recae el impacto directo de las
actividades mineras.
"Debiera
prohibirse explícitamente que los ingresos por el oro se dediquen a cubrir
déficits fiscales, la deuda externa y a gastos corrientes no relacionados con
inversiones de desarrollo o con necesidades directas de la población", acotó la
APD.
Expresó que es
una vergüenza que durante el tiempo que tiene en explotación la mina de Pueblo
Viejo las poblaciones aledañas no hayan recibido recursos o hayan recibido
mucho menos que en la preparación del inicio de las operaciones, a pesar de que
en el contrato original y en el que se renegociara en el 2013, se establece la
obligación de entregar a las municipalidades de la región el 5% de todos los
ingresos que perciba el gobierno de esta explotación.
La APD
considera absolutamente inaceptable que la sociedad civil haya sido marginada
de la supervisión de la producción, exportación, comercialización del oro y del
uso de los recursos que por esta actividad ha recibido el Estado, con una
completa carencia de transparencia y sin ninguna rendición de cuentas sobre
este importante activo de la economía nacional.
La APD hizo un
llamamiento para que con el oro y los recursos que este genera "no ocurra lo de
siempre en el país, poner candado después del robo, sino que nos adelantemos aplicando
los correctivos que sean necesarios antes de que llegue la desgracia".
Si (
No(
