Fondos públicos y ONGs, un camino de doble vía

Santo Domingo- .Esto lo digo a propósito de que el director ejecutivo del Centro Nacional de Fomento y Promoción de las Asociaciones sin Fines de Lucro (CFASFL), Ingeniero Hernán Paredes, se reunió con representantes del Banco Mundial en el país, recibió el ofrecimiento de asistencia financiera para crear un sistema de seguimiento de la gestión de fondos públicos en las ONGs.

Sin embargo, si por “visibilizar la gestión de fondos públicos” (expresó en sus primeras declaraciones) se entiende que el CAFSL pueda dar seguimiento a la gestión presupuestaria de las ASFL a las que se les asignan fondos públicos, eso está bien, muy bien, eso rasca, pero rasca sólo en una parte de la comezón, lo cual no es suficiente. Es sólo una cara de la moneda.

La moneda, digo yo, tiene dos caras (algunos también hablan del borde y viven en el borde). Una cara es la gestión de los fondos por parte de las organizaciones de la sociedad civil que lo reciben, lo cual debe hacerse con extremada transparencia, pero la otra cara es la forma que tiene el Estado de asignar los escasos fondos de que dispone para un reducido grupo de ONGs cada año, consignándolos en la Ley General de Ingresos y Gastos Públicos o Presupuesto Nacional.

Esto último, es decir, la forma que tiene el Estado de asignar fondos públicos a las ONGs, también requiere transparencia, pero además requiere de una racionalidad que explique por qué a unas sí y a otras no, por qué tan limitados recursos y bajo qué supuestos de políticas públicas o de elementos de la Estrategia Nacional de Desarrollo se toman las decisiones, por qué es tan alto el número de ASFL que reciben recursos públicos vía la Presidencia de la República…entre otros temas que hay que rascar y rascar con fuerza. Aristas de la transparencia Sería necesario explicar por qué, si la Ley 122-05 le reconoce un papel clave en la implementación de políticas públicas, la asignación presupuestaria ha disminuido sistemáticamente desde el 2011 a la fecha.

En el 2011, a las ASFL se les asignó el 0.358% del Presupuesto; en el 2012, el 0.341; en el 2013, el 0.325; en el 2014, el 0.308, y en el 2015 cae a 0.297%. Hay que someter a transparencia no sólo en función de lo asignado, sino también en función de lo ejecutado. Para muestra un botón, mientras en el 2012 las ASFL tenían asignada la cantidad de RD$1,277,555,580.00, sin embargo en el informe de ejecución de ese año tienen registrado 2,161,244,638.45. Es decir, ejecutaron un por ciento más que lo asignado en el Presupuesto, lo que indica que hay otras fuentes de recursos estatales no directos.

Esto también debe ser transparentado. Otro elemento a tomar en cuenta es la cada vez mayor concentración de asignación presupuestaria en las ONGs registradas bajo el capítulo “Presidencia de la República Dominicana”. La asignación vía este ministerio pasó de 12.7% en el 2008 a 20.1% en el presente año (2015) en términos de recursos, y en términos de cantidad de organizaciones, el 37.5% de las organizaciones que tienen recursos asignados en el Presupuesto lo tienen por esta vía. Este Ministerio no tiene mecanismo de habilitación y, además, puede ser una vía que se preste al clientelismo político y a la falta de institucionalidad. Aquí hay que rascar y rascar con fuerza, porque pica. Y si la moneda tiene dos caras, también se hace urgente que los diversos ministerios cuenten con los mecanismos de habilitación que permitan al Gobierno establecer cuáles ONGs están y cuáles no están en condiciones de recibir fondos públicos para la ejecución de proyectos y programas en las áreas de que se trate. Hasta el momento, solo el Ministerio de Educación, el Ministerio de Medio Ambiente y el Ministerio de Salud Pública son los únicos que cuentan con ese mecanismos de habilitación, a pesar de que la Ley 122-05 los previó hace ya una década. En el Presupuesto de este año (2015) hay más de 500 organizaciones no gubernamentales que reciben asignación de recursos a través de ministerios que no tienen mecanismos de habilitación. Sería incorrecto negárselos por esa razón, ya que son las instituciones estatales las que están en falta. Nos preguntamos… por qué no avanzar hacia una relación de prestación de servicios de las ONGs (las cuales cuentan con una extraordinaria experiencia en diversas áreas del quehacer social) con el Estado. El Ministerio de Educación (MINERD) tiene los fondos concursables, una forma de acercamiento que, aunque todavía tímida y con una rendición de cuentas insuficiente, es un primer asomo de racionalidad en la asignación. O acuerdos de cogestión como lo tienen algunas ASFL con programas o ministerios. El Estado no está obligado a financiar ONGs sin buscar esa racionalidad de la que hablamos. Establecer en cuáles áreas puede darse la colaboración, cooperación se hace urgente. Y es la mejor forma de rascar y de rascar con fuerza, pero donde pica. Nota: Algunas de estas informaciones cuantitativas están contenidas en un estudio reciente que hemos hecho para Alianza ONG sobre el impacto de la Ley 122-05 en su década de promulgada. Un reporte fue presentado recientemente en un evento de la institución y próximamente el informe completo será divulgado.