Minera canadiense se va de Ecuador por diferencias económicas y legales con el Gobierno

No ha sido posible un acuerdo que "equilibre los intereses de todos los involucrados", señaló en un comunicado la compañía, que ha informado de su decisión al Gobierno ecuatoriano, "y ha solicitado su cooperación para asegurar una transición ordenada del proyecto, que respete los intereses de ambas partes".

Y aseguró que tras "más de dos años de negociación" y al margen de las reformas a la Ley de Minería y a la Ley de Equidad Tributaria que están en trámite, "Kinross ha llegado a la conclusión que no es de interés de la compañía, ni de sus accionistas, seguir invirtiendo en el desarrollo de FDN". El ex ministro ecuatoriano de Recursos Naturales no Renovables Wilson Pástor indicó en febrero del año pasado que la compañía había hecho nuevas peticiones para la firma del contrato, y consideró que las "exigencias" eran "un poco exageradas", por lo que cabía la posibilidad de que el acuerdo no se suscribiera.

El consejero delegado de la minera, Paul Rollinson, indicó que la empresa ha decidido aplicar "una estricta disciplina financiera" y que asignará su capital sólo a proyectos que cumplan su criterio de inversión y que llegará a acuerdos "sobre proyectos que beneficien a la compañía y sus accionistas". Agregó que, pese a los esfuerzos: "es lamentable que no hayamos llegado a un acuerdo sobre FDN que cumpla dichos criterios. Dicho esto, respetamos la autoridad soberana del Gobierno y su derecho a decidir cómo se desarrollan sus recursos".

La ley ecuatoriana permitiría ampliar la fecha límite de la negociación, fijada para el 1 de agosto de este año, con base en una ampliación del periodo de evaluación económica del proyecto o a la suspensión de la fase de explotación, pero "el Gobierno ha indicado que no estaría de acuerdo con tal ampliación o suspensión", indica la nota.

En cuanto a una posible cesión del proyecto también "se encuentra sujeta a la aprobación previa del Gobierno, el cual también ha indicado que no apoyará los esfuerzos de Kinross para buscar un nuevo socio potencial, o cesionario" agrega. Por ello el 1 de agosto de 2013, fecha en la que expira el período de evaluación económica del proyecto, la concesión La Zarza, que contiene el yacimiento FDN, se revertirá al Estado, indicó la fuente. Según la empresa, esta decisión supondrá "un cargo -no en efectivo- de aproximadamente 700 millones de dólares en el segundo trimestre, lo que refleja una disminución del valor total del proyecto FDN en los libros de la compañía".