Santo Domingo.- La tercera ronda del diálogo
de alto nivel iniciado a principios de este año entre la República Dominicana y
Haití acaba de ser cancelada por cuarta vez con versiones contradictorias de
parte de los gobiernos de los dos países.
El vocero del gobierno dominicano, Roberto
Rodríguez Marchena, anunció ayer que la ronda que prevista para hoy jueves 8 de
mayo en Puerto Príncipe se realizaría "pero no con el diseño que se había
pensado".
Sin embargo, desde el lunes pasado ya el
portavoz del gobierno, Kedlaire Agustin, había anunciado que el primer ministro
Laurent Lamothe no se reuniría con República Dominicana mientras el presidente
Danilo Medina no envíe al Congreso la Ley de Naturalización.
El propio Lamothe confirmó la posposición de
la reunión "por acuerdo entre los dos gobiernos" a través de un tuit enviado el
miércoles temprano en la mañana.
Las versiones contradictorias confirman un
secreto a voces que el gobierno dominicano se empeña en disimular: que el
presidente Medina se comprometió ante el gobierno de Haití a promover una ley
que saque del limbo jurídico a los dominicanos de origen haitiano afectados por
la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional.
Este caso, considerado como el despojo de
nacionalidad masivo más grave que haya tenido lugar en el continente americano,
ha colocado al gobierno dominicano en una situación difícil.
En la propia República Dominicana se han
definido dos grandes campos con relación a la cuestión.
De un lado se sitúan los sectores más
conservadores, partidarios de la sentencia, que cuentan con el sostén activo
del partido derechista Fuerza Nacional Progresista (FNP), parte de la coalición
de gobierno, y una franja considerable de altos funcionarios y dirigentes del
Partido de la Liberación Dominicana (PLD), conductor del gobierno, encabezados
por el presidente de ese partido y ex presidente de la República Leonel
Fernández.
En oposición al fallo desnacionalizador se
agrupan organizaciones sociales, religiosas y políticas, entre los que se
destaca el Centro Bonó, dirigido por sacerdotes jesuitas, que destacan el
carácter racista y xenófobo de la decisión judicial.
En el plano internacional el caso está siendo
conocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que ya se ha
pronunciado a favor de la restitución de la nacionalidad dominicana a los
afectados.
Muchos países, entre los que se cuenta la
totalidad de los integrantes de la Comunidad del Caribe (CARICOM), se han
opuesto con firmeza a la sentencia que han denunciado como un grave atentado a
los derechos humanos violatorio de los compromisos internacionales asumidos por
la República Dominicana.
Los países miembros de la CARICOM representan
la mayoría de los países beneficiarios de Petrocaribe, programa de crédito y
cooperación financiado por Venezuela.
Este último país es el que ha propiciado el
diálogo varias veces pospuesto en la República Dominicana y Haití.
Los partidarios de la sentencia 168-13 han
acusado a menudo a Venezuela de estar parcializada a favor de Haití, la CARICOM
y los países y organizaciones defensoras de los derechos humanos.
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