Santo Domingo.- En un comunicado de prensa entienden que dicha
valoración fue hecha después de ponderar la promulgación de la ley 169-14, que
establece un régimen especial de convalidación de los registros civiles de esos
dominicanos y un procedimiento para la acreditación de la identidad personal de
los nacidos en el país de padres extranjeros en situación irregular, con vistas
a la naturalización.
"La
promulgación de la ley 169-14 implica un paso de avance, en tanto solución
política concertada al conflicto que polarizó a la sociedad como consecuencia
de la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional. Ahora los dominicanos y
dominicanas cuentan con un punto de partida de alcance constitucional para
abocarse a la solución de los grandes problemas económicos, sociales,
institucionales y medioambientales del país, como lo plantea y ordena la Ley de
Estrategia Nacional de Desarrollo 2030", según los centros sociales.
Indican
que en el proceso fue significativa la participación de acreditados juristas y
constitucionalistas del país, quienes hicieron frente a las digresiones
jurídicas de unos pocos sectores que han buscado impedir la solución concertada
al conflicto.
"Dichos
juristas han señalado que la ley promulgada es equilibrada, políticamente
viable, compatible con la sentencia TC 168-13 y consonante con la Constitución
dominicana. En resumidas cuentas, reconocen que dicha ley, sin antagonizar con
el fallo inapelable del TC, abre paso a una solución aceptable por su impacto
humano inmediato y por su perspectiva futura de inclusión social", apuntan.
Aseguran
en el documento que la ley consensuada y promulgada por el presidente Danilo
Medina, dados su espíritu e intencionalidad, abre paso a la posibilidad de una
solución política al conflicto suscitado originalmente por la resolución 12-07
de la Junta Central Electoral.
Destacan
que dicha ley ha hecho innecesaria la intervención de la jurisprudencia internacional
y que ha establecido un marco normativo para comenzar a subsanar un problema
humano e institucional. Este marco ayudará a superar una política
administrativa de desconocimiento de derechos civiles que ha venido causando
dolor, humillación y amargura a miles de familias y discrepancias improductivas
en el liderazgo político, social y pastoral de nuestra sociedad.
Manifiestan
que los centros sociales de la Compañía de Jesús están en la disposición de
trabajar para que la ley sea políticamente viable en lo por venir, y que el
mejor signo será la armonización de los ánimos hasta ahora en conflicto. En ese
sentido, apelan a que todas las posiciones contrapuestas respondan al llamado
subyacente que hacen el Congreso Nacional y el Poder Ejecutivo para que sin
resentimientos trabajen por la reparación del daño causado a las personas
afectadas por malas prácticas administrativas del Estado dominicano.
"La
tarea es avanzar progresivamente en la solución definitiva del problema, sobre
todo para aquellos hijos de padres extranjeros, nacidos y criados en el país
como dominicanos, y que nunca tuvieron acceso efectivo al registro civil de su
nacimiento", expresan.
Señalan
que desde la sentencia TC168-13, la República Dominicana ha padecido un
conflicto civil de alta intensidad, así como la presión moral y política de la
comunidad internacional, y particularmente, ha estado bajo la mirada
desconfiada de los organismos que velan por la protección y defensa de los
derechos humanos.
"El
Estado dominicano se ha visto cuestionado además por las naciones vecinas del
Caribe y repudiado moralmente por la insensatez de limitar derechos adquiridos
retroactivamente, más aún, ha estado al borde de una condena internacional por
atentar contra la dignidad y los derechos civiles de un grupo masivo de
personas con un perfil étnico determinado", señalan los centros de la Compañía
de Jesús.
Consideran
que el hecho se ha percibido con especial delicadeza porque no se registra
ningún conflicto similar en la historia latinoamericana reciente. Manifiestan
además, que en medio de un profundo dolor, desasosiego, cientos de plegarias,
oraciones, cientos de jornadas cívicas de incidencia con los tomadores de
decisiones; la prudencia y la sabiduría se ha hecho presente, y nos permite ver
las cosas con mayor lucidez.
Dicen
ser conscientes de que la solución política consensuada no puede llenar las
expectativas de todos los sectores, sobre todo las demandas de muchas personas
directamente afectadas por faltas de registro debidas a múltiples razones, incluyendo
trabas burocráticas arbitrariamente impuestas a sus padres y negligencias que
son responsabilidad de terceros. Así mismo, que tampoco han quedado complacidas
las expectativas de quienes se oponen a la acreditación de la nacionalidad de
los beneficiados por esta ley, una vez subsanada la integridad de sus derechos.
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