por Guillermo Caram
La ejecución presupuestaria del primer trimestre del
año confirma que las cargas fijas siguen consumiendo prácticamente la totalidad
de las recaudaciones al gastarse RD$94 790 mil millones frente a ingresos de RD$94
535 mil millones. Para poder efectuar inversiones por RD$14 mil millones y abonar RD$26 mil millones al principal de la
deuda, hubo que endeudarse por casi mil millones de US$ en el trimestre, haciendo
pronosticable aumento de endeudamiento de unos cuatro mil millones durante 2014;
incrementándose así los gastos por concepto de intereses y comisiones y por via
de consecuencia, los déficits.
Esta creciente bola de fuego fiscal-financiera augura ajustes
mediatos, drásticos y dolorosos socialmente, de lo que ahora podría ser solucionable
mediante correctivos amparados en disposiciones vigentes relativas a las dos
principales fuentes de la elevada carga fija de gastos: burocracia y subsidio
eléctrico.
Disponemos de leyes que obligan reordenar el Estado
para evitar duplicidades y competiciones orgánicas mediante supresiones y/o
adscripciones reductoras de gastos prescindibles. La ley 247 -12 Orgánica de la
Administración Pública contiene previsiones importantes que coadyuvan a estos
propósitos. El art. 86 ordena la
elaboración de un Reglamento
General de la Administración Pública mediante el cual el Presidente de la
República "concretizará su política organizativa, en implementación" de dicha ley.
El art. 88 ordena la "Reestructuración del Gobierno" en un plazo de doce
(12) meses que ya venció contados a partir de la entrada en vigor de esta ley y
sobre lo cual ya se dispone un proyecto de ley al respecto. El 89 manda "la reestructuración de los
órganos consultivos nacionales, suprimiendo las duplicidades". El 90 manda la "Reestructuración
de las comisiones y comisionados" determinando "aquéllas que han cumplido su
cometido o les han llegado el término de su vigencia, a los fines de proceder a
su supresión". El 91 ordena la "Eliminación de...rangos". Todo ello conducirá a reducciones
significativas de gastos.
Adicionalmente disponemos de leyes reguladoras del desenvolvimiento del personal, evitando
duplicidades, competiciones y gastos. La ley 41-08 de función pública dispone
quien designa, horas de trabajo a laborar, régimen de prohibiciones y sistemas
de evaluación del desempeño que bastaría cumplir para aliviar nóminas. El art.
79 instituye un Régimen Ético y Disciplinario que conduce a gastar menos y
mejor, que el presente gobierno reforzó mediante la instauración del "Código de
Pautas Éticas" que pocos parecen recordar. En ambos instrumentos, se establecen
y reafirman, respectivamente, obligaciones de bien administrar patrimonio
público, integridad en desempeño de funcionarios, evitar beneficios personales y
de relacionados asociados a función desempeñada, abusos de poder, tráfico de
influencia etc,
Las leyes General de Energía y Compras Gubernamentales
obligan a que el precio de compraventa
de energía sea determinado por los mejores ofrecimientos a la baja mientras ahora
se negocia provocando tendencia alcista originando enormes subsidios altamente
incidente en gastos, déficits y endeudamientos.
Como está sobre el tapete la reelección, muchos consideran que el Presidente Medina no
encarará la hipertrofia burocrática ni los privilegios en contratos eléctricos argumentando
lesiones a la empleomanía político-partidaria y a intereses empresariales.
Ignoran, quienes así piensan, que esta reducción de
privilegios burocráticos y económicos
que incuestionablemente provocará inconformidades, quedarán mas que subsanadas por
las conformidades que provocará en la ciudadanía, en la economía y
competitividad, el disponer energía más barata y al eficientarse la
administración pública aligerando su superabundante hipertrofia.
Ambas acciones, además, reduciría el déficit que
sustenta la economía especulativa que hoy succiona recursos dirigibles a producir
y generar empleos.
Si el Presidente Medina se re-postula, cosecharía las
conformidades causadas por estos correctivos. Si no, habrá sustituido la
economía especulativa y saqueada que recibió por una economía productiva y
saneada; con el consecuente reconocimiento
de sus conciudadanos potencialmente acumulables en dividendos futuros.