Todos los
expositores coincidieron en afirmar que las autoridades gubernamentales no han
mostrado a la opinión pública los detalles técnicos de estas plantas ni un
estudio de impacto ambiental, a pesar de estar invirtiendo una gran cantidad de
dinero en promover este proyecto en los medios de comunicación.
Igualmente
coincidieron en señalar que se han iniciado las obras civiles de la
construcción de estas plantas sin contar con el correspondiente permiso
ambiental, lo que es una flagrante violación a la ley 64-00.
El ex-ministro
de medioambiente, Max Puig, haciendo un resumen final de las conclusiones del
panel, manifestó que "está claro que en este proyecto nada está claro: Ni las
características técnicas de las plantas, ni el financiamiento de éstas, ni el
proceso de licitación que otorgó el contrato el cual está siendo impugnado por
una de las empresas participantes".
Además de
Puig, en el panel participaron como expositores el profesor José Luís Moreno
San Juan de la Facultad de Ingeniería y Arquitectura de la UASD y el periodista
Felipe Ciprián. Aunque el vicepresidente de la Corporación de Empresas
Eléctricas Estatales (Cedee), Rubén Jiménez Bichara, se había comprometido a
participar en la actividad, no asistió ni se hizo representar por ninguno de
los funcionarios de la entidad que dirige.
El profesor
Rafael Aguasvivas, director de la extensión de la UASD en la provincia Peravia,
pronunció las palabras de apertura del evento, destacando la misión de la
universidad estatal de contribuir a la dilucidación de los grandes problemas
que aquejan al país.
El dirigente
comunitario Héctor Turbí leyó, a nombre de las organizaciones campesinas, de
jóvenes, de mujeres, barriales, religiosas, profesionales y culturales de la
provincia Peravia, agrupadas en el Comité para la Defensa de la Salud, el Medio
Ambiente y la Agropecuaria de esa provincia, un documento en el que demandan
que la CEDEEE detenga los trabajos del proyecto en Punta Catalina hasta tanto
se ponga al día con la Ley 64-00 de Medio Ambiente y se esclarezcan todas las
irregularidades denunciadas.
También las
organizaciones solicitaron que los ayuntamientos de Baní, Nizao, Catalina, las
once juntas distritales y la mancomunidad de Valdesia, se abstengan de entregar
a la CDEEE los permisos correspondientes hasta tanto esta Corporación entregue
previamente los estudios de impacto ambiental que exige la ley.
Suscriben este
documento la Federación de Campesinos Banilejos (Fecaba), la Asociación de
Profesionales y Técnicos de Catalina (APROTECA), la Asociación Dominicana de
Profesores (ADP), el Movimiento de Trabajadores Independientes (MTI), la Federación
de Mujeres del Campo de Baní (Femucaba), así como las asociaciones de
caficultores, juntas de vecinos y otros grupos organizados de la provincia
Peravia.
El exministro
de Medio Ambiente, Max Puig negó que las plantas a carbón que se pretenden construir
en Punta Catalina emplearán carbón limpio, que el carbón sea la solución más
barata y la única posible, como aducen las autoridades gubernamentales.
Durante su
exposición explicó que el carbón es la fuente de energía más sucia y
contaminante que existe en el mundo, que por los daños que produce a la salud y
al ambiente, especialmente en los cultivos y en la ganadería es la más cara, y
que existen otras soluciones que además de ser más baratas como son las fuentes
de energía renovables, contribuyen a la soberanía energética del país.
Señaló que
para el financiamiento de las plantas de carbón se tendrá que recurrir a
fuentes especulativas internacionales, ya que la banca multilateral y
gubernamentales se niegan a financiar proyectos energéticos basados en carbón
por su gran emisión de dióxido de carbono y de otras sustancias tóxicas a la
atmósfera.
El comunicador
social Felipe Ciprián puso como ejemplo de alternativas al uso del carbón, la
limpieza de los embalses de las presas del país y el empleo del gas natural.
Manifestó que
si las plantas a carbón finalmente se construyen en Catalina es porque en la
provincia de Peravia las autoridades locales no han asumido su responsabilidad
de proteger a la población de su demarcación como los hicieron las autoridades
de Azua y de Montecristi que se negaron a aceptar que un proyecto semejante se
estableciera en su territorio.
Por su parte,
el profesor José Luís Moreno San Juan planteó que según las informaciones que ha podido recoger, las plantas que se
planea establecer en Punta Catalina no contarán con la tecnología más adecuada
para cumplir con las nuevas normativas establecidas en los EUA. En su opinión,
lo menos que se podrían aspirar es que estas plantas cumplan con estos
requerimientos ambientales.
Si (
No(
