Santo Domingo.- El
conocimiento de la acción de amparo preventivo de extrema urgencia interpuesto
por la Fundación conjuntamente con la Alianza
Dominicana de Defensa de los Consumidores y Usuarios, (ASODECU) y la Cámara Dominicana de Comercio
Electrónico, en contra de la anunciada decisión de la Dirección
General de Aduanas (DGA), de cobrar impuestos a las compras por internet con
valor de hasta los 200 dólares a partir el 15 de este mes.
La
medida fue adoptada por los magistrados Federico Fernández, presidente del TSA,
y los jueces Mildred Fernández y Rafael Ciprián, miembros, luego de acoger un
pedimento de Justicia y Transparencia de aplazar el conocimiento de la
audiencia a los fines de citar y poner en causa como intervinientes forzosos a
la Defensoría del Pueblo y al Instituto Nacional de Protección del Consumidor
(Pro-Consumidor), para que asuman su
rol constitucional de protectores de los derechos fundamentales de los usuarios
y consumidores.
Asimismo también el
Ministerio Público coincidió con aduanas en el sentido de aplazar el
conocimiento de la referida audiencia para recibir y tomar conocimiento de la
demanda en intervención forzosa relativo a las directoras de
Proconsumidor, Altagracia Paulino, y la defensora del Pueblo, Zoila Martínez de
Medina, las entidades demandantes pidieron hace unos días la intervención
forzosa de las funcionarias, lo cual fue acogido por los jueces del tribunal.
Potentini
informó que el Ministerio Público, "como representante de la sociedad" en la
persona de la procuradora adjunta Eveling Escalante hizo causa común con el
abogado privado Gregorio García, representante de Aduanas, defendiendo el
impuesto a la compras por internet y contrariando el pedimento de medida
cautelar hecho por la FJT para la suspensión provisional de las pretensiones de
aduanas, en relación con la medida solicitada por la parte
demandante, el Tribunal Superior Administrativo dijo que dará su parecer el
próximo miércoles.
La FJT, reiteró que llevara el caso hasta las últimas consecuencias,
sometiendo al gobierno al imperio de la ley, procurando para casos como el
ocurrente las vías constitucionales, como lo sería un decreto derogando el
402-05, o lo más correcto una ley del Congreso Nacional estableciendo los
impuestos de rigor si a ello diere lugar, nunca la decisión unilateral de un
Ministro o de un Director General, lo cual constituiría un precedente peligroso
para la institucionalidad.
Las entidades accionantes en
amparo estuvieron representadas por los juristas Trajano Potentini, Heriberto Rivas
y Danyeliz Vilorio a nombre de la FJT, y Felipe Herrera y Domingo Rojas ASODECU, quienes
consideraron el aplazamiento como correcto y oportuno, puesto que había sido
solicitado por las entidades para que en el menor plazo posible se procediera a
regularizar lo relativo a las intervenciones forzosas.
Si (
No(
