Santo Domingo.- Desde que
asumió sus funciones en agosto de 2012 el gobierno del presidente Danilo Medina
se propuso resolver el déficit en la generación de energía eléctrica y el alto
costo de ésta asumiendo directamente la construcción de dos grandes plantas
generadoras de electricidad movidas por carbón.
A la vuelta
de dos años la construcción de estas plantas está puesta en entredicho. El
consorcio que recibió la adjudicación de la edificación no ha obtenido el
financiamiento que se suponía había asegurado al participar en la licitación
pública internacional.
A pesar de
no contar con financiamiento internacional el gobierno dominicano dio luz verde
al inicio del proyecto desde diciembre pasado, comprometiendo fondos propios y
recurriendo al endeudamiento con la banca local.
La
construcción de las plantas de generación ha producido muchos debates. La
decisión misma del gobierno de erigirlas directamente, la opción a favor del
carbón, la transparencia de la licitación, el tema del financiamiento, el
emplazamiento de la obra, sus efectos ambientales y sobre la salud de las
personas, son todos aspectos que han desatado polémicas todavía no resueltas.
Las empresas
privadas generadoras de electricidad, así como los centros de pensamiento
orientados por el credo neoliberal, han condenado la decisión del gobierno de
hacer votar una ley autorizándolo a participar directamente en el negocio
eléctrico.
La opción a
favor del carbón ha sido duramente criticada por grupos ambientalistas,
comunicadores sociales y por grupos comunitarios de la provincia Peravia, lugar
escogido para la construcción.
La
Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) organizó dos paneles, uno en su
campus principal en Santo Domingo, y el otro en Baní, capital de la provincia
Peravia situada a apenas diez kilómetros del lugar donde serían construidas las
plantas.
Entre los
opositores al carbón se destaca el papel jugado por Max Puig, ex ministro de
Medio Ambiente y presidente del partido opositor Alianza por la Democracia
(APD). Éste ha insistido en los daños que produciría el carbón a República
Dominicana, considerado uno de los diez países más afectados por el cambio
climático.
Rebatiendo
la argumentación del gobierno el ex ministro Puig ha destacado que al final de
cuentas el carbón resulta ser la más cara de las fuentes energéticas, al
sumárseles a los costos directos de la operación de las plantas los gastos en
salud en que deberán incurrir los ciudadanos y el Estado como resultado de la
contaminación generada por el carbón.
Resalta que
la mayor parte de los dirigentes políticos tradicionales del país han apoyado
al gobierno en su propósito de construir las plantas de carbón. Aunque el partido de gobierno, de la Liberación
Dominicana, no se ha pronunciado oficialmente al respecto se da por sentado de
su aprobación al proyecto. Miguel Vargas, el ex presidente Hipólito Mejía y
Luis Abinader, que son los principales dirigentes del hoy dividido Partido
Revolucionario Dominicano, han manifestado su respaldo a la construcción de las
plantas por el gobierno. En el mismo sentido se ha pronunciado Federico Quique
Antún, presidente del Partido Reformista Social Cristiano, aliado del gobierno.
Una de las
empresas participantes en la licitación, la china Gezhouba Group, ha objetado
su exclusión ante el Tribunal Superior Administrativo y señalado que el grupo
beneficiario de la adjudicación, encabezado por el consorcio brasileño, Odebrecht
presentó una oferta que duplica la suya.
Aunque el
Tribunal decidió la suspensión de la licitación hasta el conocimiento del fondo
de la demanda el gobierno parece reacio a acatar la decisión judicial.
El
vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas
Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, a cargo de la obra, declaró que los
trabajos continuarán a pesar del fallo.
La actitud
de desacato frente a la sentencia que parece prevalecer en el gobierno
contrasta con la asumida hace menos de un año cuando el Tribunal Constitucional
dictó un polémico fallo sobre la nacionalidad de los dominicanos descendientes
de haitianos.
El presidente
Medina y su gobierno insistieron desde un primer momento que estaban obligados
a asumir ese fallo que dividió a la sociedad dominicana y que, a juicio de
muchos, desconoce derechos humanos fundamentales y convenios internacionales
asumidos por la República Dominicana.
Otro de los
asuntos polémicos es el del financiamiento de la obra. Originalmente se
estableció que se trataba de un proyecto llave en mano y que una de las
condiciones indispensables que debían cumplir las empresas participantes en la
licitación era la de garantizar la obtención del financiamiento.
Aunque la
obra fue adjudica hace ya casi un año todavía las plantas de carbón no tienen
financiamiento asegurado. Mientras los opositores al proyecto señalan que esto
es el resultado de las restricciones crecientes que tienen los financiamientos
de plantas de carbón a nivel internacional, desde el gobierno se afirma que la
no obtención de los crédito de debe al boicot de los sectores contrarios a las
plantas, entre los que incluye a los propietarios de las plantas generadoras en
operación en la actualidad.
Otro aspecto
de la discusión gira en torno al emplazamiento de las plantas. El gobierno
escogió el lugar de Punta Catalina en la provincia Peravia. Los sectores
ambientalistas y residentes locales comparten la expresión del ex ministro Puig
de que "Peravia podría convertirse en un valle de la muerte".
La Comisión
Ambiental de la UASD, encabezada por el biólogo Luis Carvajal, ha insistido en que
hasta ahora no ha podido evaluar los posibles daños ambientales del proyecto por
el hecho de que el gobierno comenzó las obras civiles sin que se hayan dado a
conocer los estudios ambientales previstos por la ley. La comisión
universitaria ha criticado en términos duros la violación de la ley ambiental
de parte del gobierno en el caso de este proyecto.
El Comité
para la Defensa de la Salud, el Medio Ambiente
y la Agropecuario de la Provincia Peravia, encabezado por Héctor Turbí,
expresa sin ambages su oposición a las plantas de carbón señalando que la
provincia se convertiría en "un infierno improductivo lleno de enfermos".
Si (
No(
