Santo Domingo.- La Fundación Justicia y
Transparencia (FJT), pidió al Poder
Ejecutivo la inmediata cancelación de aquellos funcionarios que se mantienen
renuentes a cumplir con el voto de la Ley 311-14 del 8 de agosto del 2014, la cual establece un
sistema para la elaboración, recepción y seguimiento de las declaraciones
juradas de bienes, atinente a todos los funcionarios públicos, bajo la
responsabilidad de la Cámara de Cuentas como órgano rector del referido
sistema.
Trajano Potentini, hablando
a nombre de la entidad de sociedad civil, deploró la apatía manifiesta y la
falta de institucionalidad presente en la República Dominicana, con los temas
de fiscalización y transparencia en el manejo de la cosa pública.
Potentini recordó que la
nueva ley sustituye a la obsoleta y antigua disposición # 82-79 sobre declaración jurada de
bienes, la cual carecía de un sistema de consecuencias, diferentes a la ley
actual (311-14) que tiene garras y contempla la destitución de los funcionarios
infractores y penas hasta de 10 años de reclusión, lo que sin dudas constituye
un avance significativo en la lucha y prevención de la corrupción
administrativa.
La FJT significó que la actual ley abarca en
su radio de acción a un universo que sobrepasa los dos mil (2,000) funcionarios
públicos, esto sumado a las 39 cajas con más 8,000 declaraciones juradas
entregadas recientemente por el Tesorero Nacional a la Cámara de Cuentas,
documentos que en lo sucesivo también deberán ser actualizados e integrado al
nuevo sistema de la ley 311-14.
Asimismo Justicia y
Transparencia exigió de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, en la
persona de su principal incumbente la doctora Licelotte Marte de Barrios, publicar y
tramitar sin dilación alguna por ante la Procuraduría General de la República, el
listado con los nombres de los funcionarios infractores, quienes luego de
haberse vencido el plazo no han cumplido con la ley, con el objeto de que sean
procesados penalmente por la falta referida.
El presidente de la FJT
Trajano Potentini, quien además ostenta la calidad de representante del
mecanismo de reportes independiente (IRM), responsable de evaluar los
compromisos del gobierno dominicano en materia de políticas de gobierno abierto,
relativas a la transparencia y a la rendición de cuentas de los funcionarios
públicos, por mandato de la iniciativa multilateral denominada como Alianza
para el Gobierno Abierto (AGA), la cual agrupa más de 60 países en la
actualidad, destacó que el establecimiento de un sistema sobre declaración patrimonial
de los funcionarios públicos, es uno de los requisitos básicos e indispensables
para ingresar y permanecer en la alianza como nación abierta a la transparencia
y a la gobernanza democrática, garantizando la participación de la sociedad
civil en la gestión pública.
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