Santo Domingo.- Archivo General de la Nación quiere dejar
constancia de que los estragos cometidos con la
documentación del hospital Luis Eduardo Aybar representan una acción insólita
puesto que viola los términos de la Ley
General de Archivos número 481-08, de manera que el caso encierra,
en primer término, un problema a todas
luces legal.
Ninguna institución del Estado puede destruir
documentos si no cuenta con la aprobación de las instancias establecidas en la
mencionada Ley que en su artículo 70 dispone sanciones para los casos de
deterioro o destrucción de cualquier naturaleza.
Estos expedientes tienen un indudable valor
cultural, histórico, personal y hasta familiar.
Se ha aducido, en desatinada justificación, que
eran documentos "muertos". Este es un concepto errado. Todo documento tiene
valor para los propios interesados, para el país y para el patrimonio nacional
puesto que garantiza la salvaguarda y las condiciones propias de salud de las
personas y sus descendientes, como es el hecho que nos ocupa.
Para el AGN la determinación es más
cuestionable pues técnicos de este organismo se presentaron al lugar del
desastre y comprobaron que fueron pulverizados expedientes recientes. Además, personal de esta
institución había dispensado visitas y ofrecido asesorías a ese y a otros
centros de salud por lo que es totalmente sorprendente esa decisión aberrante.
Es deber del Archivo General de la Nación alertar para que no
se vuelva a repetir un hecho tan condenable como el del hospital Luis Eduardo
Aybar. Llamamos a todas las instancias del Estado a asumir el compromiso de
preservar sus archivos para protección de los derechos personales, del país y
del patrimonio nacional.