Organizaciones sociales piden aborto legal, seguro y gratuito para América Latina y el Caribe

Las más de 80 organizaciones asistentes al encuentro pidieron en un comunicado que la Conferencia emita una resolución instando a que se garanticen los "derechos sexuales y reproductivos", incluyendo "la despenalización del aborto y el acceso oportuno a servicios de aborto legal, seguro y gratuito".

Asimismo, exigieron el cumplimiento de los compromisos internacionales asumidos por los Estados en defensa de los derechos de la mujer y pidieron la creación de un mecanismo de rendición de cuentas para verificar su cumplimiento.

También instaron a los gobiernos a entender que el "momento es ahora" para cumplir "a cabalidad" tales acuerdos internacionales, y denunciaron la violencia, la trata de personas y la especial condición de vulnerabilidad en que se hallan las afrodescendientes, indígenas y mujeres migrantes.

Las organizaciones reclamaron un nuevo programa que defienda "la construcción de una región" para vivir con "libertad, igualdad y solidaridad" y que "asegure el goce efectivo de los derechos humanos", en un comunicado leído ante los delegados que aprobarán las conclusiones del encuentro de la capital uruguaya.

La reunión de Montevideo busca revisar y actualizar para América Latina y el Caribe el Programa de Acción establecido en 1994, en la cita mundial de El Cairo. Según las organizaciones, en el Programa de Acción de El Cairo se establecieron principios en defensa de "las personas, en especial de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y jóvenes", en los que la región avanzó bastante.

Sin embargo, aún persisten "desigualdades estructurales" que impiden el desarrollo y la garantía de esos derechos "a millones de personas". Así, denunciaron problemas como la morbilidad y mortalidad materna, la precariedad de servicios sanitarios, el incremento de casos de VIH/SIDA entre las mujeres en edad reproductiva y la "discriminación, exclusión e invisibilización que sufren las afrodescendientes, indígenas, inmigrantes y mujeres rurales", así como la comunidad homosexual o transexual.

Junto a esto, en la región abunda "la violencia de género, los feminicidios, el abuso y la explotación sexual, la mercantilización del cuerpo, el tráfico y la trata" de personas y además se "criminaliza la sexualidad", de acuerdo con las organizaciones sociales.

"Se sabe cuáles son los problemas y las soluciones. Hay crecimiento económico, hay estabilidad de los procesos electorales. Hay legitimidad y están los recursos necesarios para acabar con la desigualdad. No hay excusas para no hacerlo, salvo que nuestros gobiernos piensen que las mujeres no lo merecemos", afirmaron las organizaciones en el documento.