Centro Bonó

A raíz de las declaraciones del Gobierno de que en los últimos 18 meses la pobreza se ha reducido 6 puntos porcentuales, el Centro Bonó considera que existen dudas razonables sobre las conclusiones publicitadas por las autoridades por lo que invita a profundizar más en las investigaciones sobre su medición, ya que esto es vital para el diseño de políticas públicas de cohesión social. 

El fallo del TC intentaba determinar si la Junta Central Electoral vulneró los derechos constitucionales al negarle la cédula de identidad a la ciudadana Juliana Deguis, descendiente de haitianos. Varias de las ONGs que adversan la decisión del Tribunal Constitucional consideran "política" la decisión, detrás de la cual hay grupos conservadores de gran influencia en el Estado dominicano, consideran.

La institución de estudios sociales afirma que el enfoque militarista que impulsa el Gobierno dominicano en sus planes de seguridad ciudadana no es una solución viable. Para la organización de la sociedad civil dirigida por jesuitas la solución es el abordaje de la seguridad ciudadana desde una perspectiva de derecho y prevención.

Con motivo de la reciente aprobación del Presupuesto General del 2015, en el Análisis de Coyuntura del mes de Diciembre, el Centro Bonó analiza detalladamente el gasto público, siendo ésta una de las principales herramientas con las que cuenta un gobierno para llevar a cabo las transformaciones que impliquen la mejora de la calidad de vida de las personas.

El Centro Bonó destacó que la valoración sobre el Reglamento de Aplicación de la Ley 169-14 debe enmarcarse en el contexto de concertación política y social generado a raíz de la aprobación de la Ley 169-14, presentada por el Poder Ejecutivo y ratificada soberanamente por el Congreso Nacional, con el consentimiento general de todos los sectores y fuerzas vivas de la nación.

El subdirector del Centro Bonó, Roque Feliz, cuestionó la actitud del Gobierno, que formuló un Código de Pautas Éticas que deberían regir las instituciones gubernamentales y que a la vez personalidades relevantes de la administración pública no respeten el Código ético establecido.