El magistrado se refirió al escrito de incidentes y oferta probatoria depositado el 27 de junio pasado, en la secretaría de la SCJ por el exministro de Obras Públicas Víctor Díaz Rúa, y la petición de pruebas en su contra que solicitó al Ministerio Público el expresidente del Senado Jesús Vásquez Martínez.
Los legisladores izquierdistas Fidelio Despradel y Fidel Santana también acusan a Medina de supuestamente violar la ley de Presupuesto y la Constitución de la República.
La decisión la tomó el pleno de la Suprema Corte, que rechazó así la última de las recusaciones a las que ha sido sometido el magistrado Ortega Polanco, quien el año pasado envió a prisión preventiva a casi todos los entonces 14 acusados.
El Ministerio Público apuesta a este equipo de profesionales, quienes cuentan con una sólida preparación académica, una amplia trayectoria como Ministerio Público y la pericia que este caso requiere.
Ahora queda esperar del conocimiento del recurso, que determinará si la audiencia pautada para este viernes se realizará.
Odebrecht confesó que repartió los 92 millones de dólares entre 2001 y 2014 para agenciarse la adjudicación de millonarias infraestructuras públicas en República Dominicana.
Ortega Polanco hizo llegar al órgano judicial el documento, presentado ante el tribunal por la defensa del imputado, para que decida a este respecto, según confirmaron fuentes de la SCJ.
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La institución explicó mediante un comunicado de prensa, que tanto la segunda cuota de 30 millones dólares recibida en el mes de julio del presente año, al igual que la primera por igual monto, que le fue entregada en el mes de enero de 2017, fue depositada en la cuenta especial que tiene la Procuraduría General de la República en Banreservas.
Mediante la sentencia No. 030-03-2018-SSEN-00177 del TSA, expresa que el tribunal ha podido apreciar que al accionante Ing. Livio Mercedes Castillo, le ha sido violentado su derecho fundamental al acceso a la información, pues no hay justificación alguna por parte de los accionados Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores (CODIA) y el señor Guarionex Gómez, para la omisión o negativa de entregar copia del presupuesto ejecutado y los cheques con sus soportes de las diferentes gestiones.
Odebrecht, envuelta en un gigantesco escándalo de corrupción, suscribió el acuerdo con la Abogacía General de la Unión (AGU) y Contraloría General de la Unión (CGU) y deberá devolver el montante acordado en los próximos 22 años.
Tras depositar una carta en la Procuraduría General de la República, Milton Morrison advirtió de que, si el procurador no acata el llamado en un tiempo prudente, País Posible se constituirá en actor civil “para cubrir la negligencia de este servidor público”, señala una nota de prensa de la formación.
"Bajo ningún criterio la Procuraduría; ni en esta ni otras discusiones, personalizaría una referencia de tal nivel de sensibilidad", dijo la funcionaria en un comunicado emitido a raíz de las declaraciones contenidas en las cartas enviadas por la juez presidenta de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, Miriam Germán Brito, al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al Ministerio Público.
Guerrero Pelletier se expresó en estos términos al referirse a la recusación hecha por varios abogados de algunos de los imputados del caso Odebrecht, quienes objetan que el juez de la Instrucción Especial de la Suprema Corte de Justicia, Francisco Ortega Polanco, conozca la audiencia preliminar del proceso.
El juez de la Instrucción Especial, Francisco Ortega, remitió al pleno de la Suprema Corte de Justicia (SCJ), la solicitud de dos de los encartados en el caso Odebrecht, sobre su recusación o inhibición del proceso.
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