Mediante una nota de prensa divulgada este miércoles en la tarde por la Dirección de Comunicación y Prensa de la Procuraduría General de la República, se informó que la audiencia fue fijada para el próximo viernes 6 de julio, a partir de las 9:00 de la mañana y que se efectuará en la Sala Augusta de la Suprema Corte de Justicia.
De acuerdo con el activista Manuel Robles, la instalación de este campamento en la zona de los edificios que albergan las sedes de la Suprema Corte de Justicia, la Procuraduría General de la República y el Congreso Nacional “expresa el rechazo de la sociedad dominicana a la burla inaceptable del Gobierno dominicano a través del Ministerio Público en el caso de Odebrecht”.
Así lo dio a conocer hoy la Suprema Corte, quien vuelve a designar al mismo magistrado que conoció el año pasado las medidas de coerción en contra de los entonces 14 acusados de recibir los sobornos, que Odebrecht admitió pagó en el país entre 2001 y 2014 para adjudicarse la construcción de infraestructuras públicas.
Participación Ciudadana (PC), capítulo dominicano de Transparencia Internacional, cuestionó hoy la exclusión de ocho de los catorce imputados inicialmente por el caso Odebrecht, entre ellos, tres reconocidos dirigentes del gobernante Partido de la Liberación Dominicana (PLD).
El dirigente opositor hizo sus señalamientos tras indicar que, lejos de hacer una verdadera investigación, el ministerio público lo que hizo fue encubrir a los verdaderos responsables del caso Odebrecht, definiendo el hecho como parte de la “parodia democrática dominicana”.
El Ministerio Público anunció este jueves la acusación por soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos contra 6 de los 14 imputados el año pasado por el caso Odebrecht e incluyó al expresidente del Senado y secretario general del Partido Revolucionario Moderno (PRM, principal de la oposición), Jesús Vásquez, quien defendió su inocencia en declaraciones a la prensa.
Marcha Verde entiende que la investigación del caso debe determinar si en República Dominicana las empresas locales asociadas a Odebrecht participaron del esquema tradicional de pago de sobornos para conseguir contratos o sobrevaluaciones para obtener ganancias ilícitas.
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En su escrito de defensa ante las imputaciones de asociación de malhechores, soborno y lavado de activos, Ángel Rondón Rijo hace varias críticas a la investigación, acusación y argumentos del procurador general de la República por los US$92 millones que admitió haber pagado en soborno Odebrecht para ser favorecida con obras del Estado.
En un comunicado de prensa que reproduce una entrevista con los expertos, se resalta la trascendencia y calado del caso de los sobornos que Odebrecht admitió haber pagado en el país para hacerse con contratos de obras públicas, considerado el más grande en la historia de la República Dominicana.
Las entidades interpusieron ante la Procuraduría General de la República una denuncia por medio de la cual solicitan que se investigue si en el país se recibieron fondos internacionales de la empresa Odebrecht para financiar la campaña electoral oficialista del año 2012, así como para reinstaurar en la Constitución la figura de la reelección presidencial en 2015.
El Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, defendió este martes las acusaciones hechas el Ministerio Público contra imputados del caso Odebrecht para ser sometidos y sentenciados.
El colectivo dominicano se instaló el pasado viernes frente a la SCJ el denominado "Campamento de resistencia", un día después de que el procurador general del país, Jean Alain Rodríguez, anunciara la exclusión de ocho de los catorce imputados inicialmente por este caso.
El Ministerio Público anunció hoy que ha presentado acusación contra siete personas, dos de ellos expresidentes del Senado, por su presunta implicación en los sobornos de la constructora Odebrecht, pero excluyó a otros ocho exfuncionarios y legisladores que fueron imputados el año pasado..
"Nuestros técnicos cumplirán con los procedimientos de auditorías de conformidad con las disposiciones legales y las normativas que rigen la materia a los fines de culminar los trabajos", precisó la Cámara de Cuentas en un comunicado.
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